La diputada Patricia Bullrich escribió cuando promediaba el informe: “Ahora entienden porque quieren controlar la Justicia. Escuchen al operador de Lázaro Báez, testaferro de Kirchner. Contra la impunidad 18ª”. Y más tarde anticipó por esa vía que hablaría con todos los diputados para presentarse este lunes y exigir la apertura de una investigación al fiscal Antilavado.
El jefe del bloque macrista de la Cámara baja, Federico Pinedo expresó sorprendido: “Qué tremendo. Para esto es la "democratizacion de la Justicia"? Por Dios”, y más tarde agregó: “Y chicos K? Les esta gustando Lanata? Espero q mañana un fiscal denuncie lavado de dinero”.
Por su parte, el diputado del Gen Gerardo Milman recordó que “hace mucho denunciamos que la última llamada de Nestor Kirchner antes de morir fue con Lázaro Báez, no con Moyano”, en tanto que Eduardo Amadeo deslizó: “Es por toda la basura q estamos viendo en Lanata, que los K quieren apropiarse de la Justicia. ‘Democratizar’ es impunidad para la basura”.
En efecto, la referencia a la reforma judicial y a la manifestación prevista para el 18 de abril estuvo muy presente en muchos de los mensajes. Victoria Donda sostuvo que “la corrupción, la mentira, el autoritarismo, el 18 voy a manifestarme contra el crimen de robarle al pueblo”, en tanto que el radical Manuel Garrido optó por felicitar a @wwnicolas @lucianageuna @marielfitz. “Hoy no se duerme, verdad? Imposible bajar la adrenalina…”, conjeturó.
La que sin dudas más activa estuvo en Twitter fue, fiel a su estilo, Laura Alonso, quien apeló al humor, la ironía y la denuncia. “No puede ser que Fariña se le haya escapado a Echegaray. #Lanata es un difamador profesional. Destituyente y golpista”, escribió, sugiriendo luego: “Ahora se entiende por qué quieren democratizar la justicia inoculándola de jueces 'adictos', no? Así no van en cana #18A”. Más tarde puso: “Paraísos fiscales je! Y la Señora sale por el G20 levantando el dedito contra los paraísos fiscales donde tienen guardada la que nos afana”, y luego: “Yo creo que sería conveniente que De Vido baje la palanca #LaRevoluciónDelLavado”.
“Boudou es un minorista. Pobrecito!”, ironizó Laura Alonso, igual que Rogelio Frigerio, que también se acordó del vicepresidente: “Al final, lo de Bodou era un vuelto al lado de esto....”.
Más de Laura Alonso: “Fariña es de Libra. Y sí! Para pesar la platita tiene la balancita del #Horóscopo #Lanata”. Y más: “Y uds. con la pecherita de La Cámpora! A ver si despiertan! Que les están robando el futuro a uds. también!”.
“No hay forma de guardar tanta guita sin q salte. Volquetes y volquetes de TU plata, TU educación, TU salud, ...”, dijo en otro mensaje Laura Alonso, que más adelante se preguntaba: “Qué estarán pensando Gils Carbó y Zaffaroni en este momento? #LaRevoluciónDelLavado”.
Muy activo también se mostró el diputado porteño Jorge Garayalde. “Para estas cosas planean la reforma de la Justicia disfrazada de democratización. Esto es IMPUNIDAD y CORRUPCION con nuestra plata!!!”, escribió el legislador macrista, agregando luego: “Que lindo chicos, ahora entiendo el significado de " unidos y organizados" !”
“Pensar que con la mitad del dinero que se robaron no tendríamos muertos en las rutas en once en inundaciones.Tristísimo no?”, dijo otro de los mensajes de Garayalde, quien atento al comentario de lo que pesa un millón de dólares, deslizó: “Son tan vagos que ni siquiera la cuentan ! Claro por eso se enoja Lázaro y después aparecen los autos con frenos cortados, no ?”. En el mismo sentido, dijo luego: “El personal Training de Fariña le pregunta " te molestan esos kilitos de más que tenes ?" Nooooooo !!!”.
Su compañero de bancada Rogelio Frigerio se remitió a la reforma judicial, señalando que “con razon tanto apuro con la Reforma Judicial.....#dineroK”, y agregando más tarde: “Qué bronca deben tener los K. Lanata se atrasaba una semanita más con la investigación y ellos sacaban la Reforma de la Justicia/impunidad”.
Elisa Carrió recordó que “Lázaro Báez estuvo imputado en la causa por asociación ilícita que yo presenté en Noviembre de 2008 antes de la ley de blanqueo”, informando a continuación: “Todavía se lo puede juzgar a Lázaro Báez, mañana temprano presento todas estas nuevas pruebas. #DineroK”. Por último, tuiteó: “Vamos a llevar el video de Lanata al Juzgado de Ercolini donde se tramita la megacausa que yo presenté por asociación ilícita. #DineroK”.
La radical Patricia De Ferrari dijo por su parte: “Esto es para los progres q lo miran x TV lo más indigerible serán los maridos de las vedettes no?”, preguntándose luego: “No existe una Unidad de Investigación Financiera?? Ya estará tb Oyarbide reabriendo causas de enriquecimiento? #DineroK”, y por último: “Roban pero hacen Nosotros combatimos a los monopolios, Nos critican xq estamos redistribuyendo la riqueza consignas vacías frente Korrupción”.
El legislador porteño Daniel Amoroso sugirió: “Que voten rápido el Proyecto K de la Justicia...Lázaro lo necesita !!!”, en tanto que el diputado provincial Mauricio Dalessandro expresó: “Me da pena x todos los kirchneristas de bien... pero d esto no se vuelve...mal momento para atacar a la justicia...”, agregando más tarde: la pregunta es simple: si la guita sale x la constructora AUSTRAL, sale negra o sale blanca? si sale blanca hay q preguntar al Central”.
Humor Político: De no creer
Democratizar todo, a los golpes
Por Carlos M. Reymundo Roberts | LA NACION
¡Genia! ¡Genia! ¡Genia! No me canso de decirlo. La señora es una genia. Para democratizar la Justicia pensó en un trámite exprés, sin debate, a libro cerrado. Es decir, la metodología menos democrática del mundo. Eso sólo puede salir de una mente superior. Ella vio lo que nadie había visto: hay que democratizar con mano dura, a lo bestia. Hay que imponer. No es un juego de palabras: la debilidad de la democracia muchas veces reside en los demócratas. Es un régimen que necesita de un buen dictador.
También Diana Conti tuvo un rapto de genialidad (aunque en otra dimensión, Cristina, no se me enoje; usted sigue siendo única). Dijo que "en la democracia, la mayoría gobierna en los tres poderes" . Claro que sí. Lo he dicho en otra oportunidad: Montesquieu, un improvisado, complicó todo con lo de la división de poderes, modelo que sólo puede haber salido de una cabeza chiquita y pusilánime. El tipo se afanó en la búsqueda del equilibrio, de los contrapesos, y el mundo entero corrió, extraviado, detrás de ese engendro. Lo único que lo disculpa es que produjo tamaño disparate en una época, la de la Ilustración, complicada por dos motivos: la pobre generación de ideas y, sobre todo, porque todavía no había nacido Cristina.
Hoy las cosas son más fáciles. No sé si simplifico demasiado, pero la Presidenta descubrió que si un juez falla en contra de un gobierno que obtuvo el 54% de los votos, ese juez está atentando contra la democracia. Hay que destruirlo. A él y a su maldita corporación. Con el actual Consejo de la Magistratura eso no se puede hacer porque es una institución burocrática, mal hecha, mal pensada. Ya sé, no me lo digan: está pensada por Cristina. Pero ella cambió, en un alarde de flexibilidad que desmiente eso de que es una dura. Duros son, de cabeza y de corazón, los que no valoran su búsqueda de la excelencia.
La señora no está pensando en su propio interés, en reunir más y más poder, en asegurarse de que nadie en el Poder Judicial se le anime. Está pensando en nosotros. No hay encuesta en la que no aparezca en primer lugar la necesidad de aumentar el número de consejeros de la Magistratura. Además, ya eran cosa de todos los días los piquetes que reclamaban el fin de las medidas cautelares. Los millones de personas que protestaron el 13-S y el 8-N no pedían, como nos quiso hacer creer la prensa hegemónica, menos autoritarismo, más libertad, menos inflación, menos corrupción o que termine el flagelo de la inseguridad. La gente ganó la calle (y lo volverá a hacer el próximo jueves, el 18-A) para pedir más cámaras de casación. El grito de "¡casación, casación, contra toda la traición!" fue espontáneo y unánime.
Democratizar la Justicia es el desafío de la hora. Ingenuamente, el lunes me presenté en el acto de la Presidenta pensando que iba a anunciar medidas contra las inundaciones. Me imaginaba una batería de iniciativas, como, por ejemplo, cerrar las fronteras los días de lluvia torrencial, para que una eventual tragedia no sorprenda a tantos funcionarios fuera del país. O un plan "Paraguas para Todos". O la impermeabilización por decreto de Tolosa, donde vive nuestra querida abuela, Ofelia. O pedirle a Moreno que cierre la importación de lluvias. O prohibir el mercado blue de canoas. O congelar las tormentas por seis meses. Si habían muerto 60 personas, entre la Capital y La Plata, sin duda ella algo tenía que decir y hacer. Pero no. Otra vez sorprendió. Otra vez siguió el dictado del pueblo: la gente no está preocupada por la posibilidad de perderlo todo en un temporal, incluida su vida o la de sus familiares y vecinos. La mayor aspiración es que ahora un arquitecto, como dijo la señora ese día, pueda llegar al Consejo de la Magistratura. Sólo en ese momento, con la incorporación de los arquitectos, podremos construir una Justicia mejor.
Digamos en mi defensa que no estaba del todo equivocado. En su discurso, Cristina hizo una alusión, si bien breve e indirecta, a las inundaciones. Comentó que se había quedado disfónica después de varios días de "dar muchas órdenes en un tono elevado". No echó a nadie, no anunció ninguna obra, no mandó de urgencia al Congreso ningún proyecto de ley sobre este tema, pero estoy convencido de que esos gritos que pegó pusieron las cosas en orden. Lo empezaremos a notar, seguro, en la próxima tormenta.
De puro dañino, me quedé pensando a quién le habrá gritado. ¿A su amigo Bruera, el intendente de La Plata, no por haber hecho todo mal sino por no saber usar Twitter? ¿A su cuñada Alicia, por cometer el mismo error que ella, que fue a meterse entre vecinos indignados? ¿A Boudou, más preocupado por promover una fábrica de billetes que una de salvavidas? ¿A Galuccio, el mago que logró que el agua provocara un incendio? ¿O a Galuccio, pero por haber dado una conferencia de prensa, pese a que lo hizo una semana después del siniestro, escondió todo y no dijo nada?
No sé, sigo con dudas. Acaso se enojó con el cielo, este cielo que tira lluvias inoportunas y papas argentinos. Papas argentinos que le escriben cariñosas cartas a Lorenzetti y a Macri. ¿Lo ven? El cielo es un enemigo. Cuando terminemos con la Justicia nos ocuparemos de él. Ya es hora de democratizar la corporación que manda ahí.
EL PAIS › EL TAMAÑO SI IMPORTA: CAUTELAR A LOS DESPROTEGIDOS Y NO A LOS PODEROSOS
El fuerte y el débil
El impulso democratizador responde al bloqueo del
Grupo Clarín a la ley audiovisual mediante medidas cautelares. Vistos a
través de este prisma, algunos proyectos enviados al Congreso son
excelentes. Hay otros buenos, regulares y malos, y es dudosa la
constitucionalidad del que regula las medidas cautelares. Si el problema
es el Grupo Clarín no hay por qué desamparar a los condenados de la
tierra. La oposición blande la Constitución pero reclama que no se
aplique al Consejo de la Magistratura.
Por Horacio Verbitsky
Desde
el oficialismo nadie ha querido disimular que el debate sobre la
denominada democratización de la Justicia es consecuencia del bloqueo a
la ley de servicios de comunicación audiovisual que el Grupo Clarín
logró mediante medidas cautelares. Este sinceramiento es un buen punto
de partida para analizar la batería de proyectos que el Poder Ejecutivo
envió al Congreso y que ambas cámaras están tratando, bajo una intensa
presión política y mediática. La simultánea decisión de la Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial sobre la inconstitucionalidad de dos
artículos de aquella ley completa el panorama. El análisis de los
proyectos no avala las lecturas extremas. Ni consumarán la revolución
copernicana que pregona el gobierno ni peligran las instituciones como
repiten los pastorcitos de la oposición, siempre dispuestos a anunciar
una catástrofe inminente con tono jubiloso. Uno de ellos llegó a
formular el original concepto de “excluidos morales”, que serían los
asistentes al caceroleo del jueves 18. Algunos de los proyectos son
excelentes, otros son buenos, los hay regulares y también malos e
incluso uno que incurriría en restricciones inconstitucionales a
derechos básicos. Todos regulan la relación entre el poder político y el
sistema de Justicia, pero no inciden en las actitudes judiciales ante
los diversos conflictos propios de la exclusión social y la desigualdad.
El mismo Estado endeble frente a los poderes fácticos es todopoderoso
ante las víctimas de la violencia o la desidia institucional, con o sin
trenes y/o inundaciones. Desmenuzar a fondo cada proyecto requeriría más
tiempo que el disponible. Pero la reacción de las fuerzas opositoras,
amuchadas para rechazarlos en los medios antes de conocer su contenido, y
la práctica rabiosa con que decidieron enfrentarlos, mediante la
deserción del trabajo legislativo y las comparaciones con el fascismo o
con el golpe militar de 1976, tiende a convalidar la premura que
objetan. Esto conforma un círculo vicioso en que oficialismo y oposición
se complementan y cada uno se aproxima un paso a la caricatura con que
lo dibuja el otro. Los mismos que se escandalizaron cuando CFK dijo que
la privatización había secuestrado los goles, proclaman ahora que la
desaparecida es la República. Un ex fiscal especializado en rechazar
hábeas corpus durante la dictadura llamó ahora megalómana que no tiene
vergüenza a la presidente. Mejor que la ópera italiana sería revisar los
textos.
Armonías y conflictos
La táctica oficial sugiere conocimiento del grado de dificultad de cada uno. Aquellos sobre los que existe consenso social y político ingresaron por la Cámara de Diputados, donde al gobierno no le sobran votos. En cambio, la cómoda mayoría oficialista en el Senado recibió aquellos proyectos que suscitan perplejidades o rechazos. Diputados tratará esta semana las normas que hacen a la transparencia: accesibilidad a la declaración jurada de los funcionarios de todos los poderes del Estado, publicidad de las acordadas y resoluciones de cada tribunal e ingreso por mérito al escalafón judicial (que es aquello contra lo que reaccionó Julio Piumato anunciando un paro de 72 horas, algo que no hizo cuando su patronal, que es la Corte Suprema, le vedó la participación en la obra social que atiende a sus afiliados). Tal vez sea este último punto el que mejor ventile la sofocante atmósfera de la familia judicial, expresión que es mucho más que una metáfora, ya que Zutano contrata al hermano de Mengano que designa a la hija de Perengano quien ya le consiguió un lugar al tío de Zutano y todos ellos comparten gustos y amistades con los abogados que representan intereses económicos, conformando un territorio hostil a los sectores populares. Durante las sucesivas presidencias de Enrique Petracchi y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema dio pasos valiosos en cuanto a la publicidad de sus actos, pero el sistema que aplica aún es incompleto e impreciso y no permite saber cuántas y cuáles causas sobre determinado tema esperan sentencia en el máximo tribunal, por ejemplo en los procesos por crímenes de lesa humanidad. Además, los expedientes cambian de carátula y/o de número en cada instancia, lo cual refuerza la dificultad. Una parte de este problema sería salvado por el proyecto del Poder Ejecutivo, al requerir que se especifique el número de cada uno, su carátula, el objeto del pleito, fuero de origen, fecha de inicio de las actuaciones, estado procesal y fecha de ingreso a cada tribunal. Pero bajo el argumento de resguardar el derecho a la dignidad y al honor de las personas seguiría siendo imposible acceder a una causa por el nombre del acusado, lo cual es poco razonable. Esas saludables medidas de transparencia deberían completarse con la siempre postergada ley de acceso a la información pública que obligue a los tres poderes.El Papa y San Lorenzetti
El Senado discutirá la creación de nuevas cámaras de casación, la reforma del Consejo de la Magistratura y la regulación de medidas cautelares en causas en las que sean parte el Estado o sus entes descentralizados. Si de verdad se instalan los nuevos tribunales de Casación (y no ocurre como con la Cámara Nacional de Casación Penal en causas ordinarias, creada hace cinco años y nunca constituida) podrán cortar los nexos espurios entre las Cámaras de Apelaciones y la Corte Suprema y reservar para el máximo tribunal las causas propias de un Tribunal Constitucional. También aliviarán la tarea de la Corte, que despacha una cantidad absurda de causas por año, para lo cual termina delegando las decisiones en funcionarios inferiores. Pero es imposible impedir que así dilaten los plazos, lo cual no favorece el acceso a la justicia de los sectores populares. La elección popular de los consejeros va en sentido opuesto a las lógicas corporativas y favorece el acceso de sectores hasta ahora marginados, siempre que se asegure que, aun dentro de las nóminas presentadas por los partidos, representen a los jueces y los académicos, como sugiere la reforma de la ley 26.571, para que los partidos puedan postular extrapartidarios. La inclusión de todos los candidatos en la misma boleta sábana también podría moderarse con el sistema proporcional de distribución de cargos, lo que daría lugar a más de una minoría e incrementaría la diversidad de opiniones. Tampoco parece lo más conveniente que su elección coincida con la de presidente, donde se acentúa la polarización. Sigue pendiente una discusión a fondo sobre algunas de las cuestiones que se tocaron en los paneles de discusión de Justicia Legítima: la independencia no sólo del poder político y los poderes fácticos, sino también dentro de la estructura judicial; la precarización laboral, con abuso de interinatos y pasantías; la estructura jerárquica, que no distingue por responsabilidades y excluye la horizontalidad que primó en el encuentro; la oralización de todos los procedimientos y la televisación de audiencias, como paso previo al juicio por jurados en todos los fueros; la adopción de un lenguaje llano que torne popular e inclusivo el discurso judicial, suprimiendo el anacrónico trato honorario; la contención a las víctimas, que por lo general carecen de información sobre a dónde pueden acudir. La reforma del Consejo de la Magistratura es el proyecto que mayores resistencias provoca en la Corte Suprema, cuyo presidente anunció que no opinará porque el tribunal deberá pronunciarse una vez que el Congreso sancione las leyes. Esta filosa advertencia fue seguida por un encuentro con jueces y camaristas que fueron incitados a formular pronunciamientos públicos y por la oportuna publicación de una carta del Papa Francisco, quien le dijo que hablaría con Dios sobre él. Este recurso al teléfono celeste ilustra a quienes fantaseaban que se desentendería de la política local. De convertirse en ley, devolvería al Consejo de la Magistratura las facultades que le asignó la Constitución y le expropió la Corte, de “administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia, ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados” y “dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial”. Los denodados republicanos que saldrán a la calle el martes en defensa de la Constitución entienden que el cumplimiento estricto de su artículo 114 procura reducir el poder de la Corte y controlar a la Justicia. Para gente con una visión tan pesimista sobre sus propias posibilidades, sólo queda rezarle a San Lorenzetti.Con cautela
No sólo es dudosa la constitucionalidad del proyecto que limita las medidas cautelares, tampoco apunta con precisión a los poderes fácticos que preocupan al gobierno y que poseen capacidad económica para costear los abogados más caros y mejor conectados.En cambio, afecta la tutela judicial efectiva de los derechos de los sectores más desprotegidos y colisiona con la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 25 requiere que las herramientas judiciales disponibles incluyan medidas cautelares y recursos judiciales sencillos y rápidos para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Cuando se trata de relaciones de contenido patrimonial entre el Estado y las empresas, la regulación es valiosa, porque el Estado protege el interés social y la voluntad popular. Pero hay muchas situaciones en las que aún sin estar en juego “en forma directa” la vida, la salud, la alimentación ni el medio ambiente, las medidas cautelares amparan derechos fundamentales de personas o grupos sociales, como la protección de los migrantes contra la expulsión y su derecho a la educación; la definición de alternativas de vivienda de personas desalojadas; la suspensión de normas que limitan en forma inconstitucional la libertad personal; la defensa de la libertad sindical o la exigencia de acciones positivas del Estado, de modo de garantizar derechos en condiciones de igualdad. No es aceptable equiparar las cautelares en casos meramente patrimoniales, en los que el Estado suele ser la parte más débil de la relación, con aquellas que pueden oponerse a ciertos actos estatales violatorios de derechos fundamentales a favor de personas o colectivos indefensos. Es posible evitar los abusos que se han conocido en estos años y al mismo tiempo garantizar la tutela judicial de sectores a los que les cuesta acceder a una defensa rápida y eficaz de sus derechos. Si los requisitos para su admisibilidad son casi imposibles de sortear y se exige una contracautela que obra como valla para quienes no tienen bienes o posibilidad de acreditar ingresos que solventen los gastos del proceso, y si además la apelación suspende el efecto de la cautelar, terminará por crecer la brecha que se pretende reducir y la herramienta sólo seguirá disponible para quienes puedan costear los mejores servicios jurídicos y estén dispuestos a hacer un complejo recorrido por los vericuetos judiciales hasta la sentencia definitiva. De haber regido esta regulación, ninguna medida cautelar hubiera impedido la demolición de la ESMA dispuesta por Menem, ni la privatización del PAMI. Tampoco podrían haberse suspendido los efectos de la reforma del sistema de excarcelaciones bonaerense, evitando daños irreparables mientras se discute su constitucionalidad. Al restringirse las medidas de no innovar a “una conducta material” del Estado, quedan excluidos todos los actos administrativos formales y sólo se puede reclamar contra los hechos consumados. La fijación de plazos estrictos condiciona a la víctima de una violación de derechos y no al juez y a la otra parte, salvo que una regulación específica les exija un comportamiento diligente (con deberes agravados) para llegar rápido a una decisión de fondo y no que se supedite todo al plazo de vigencia de la cautelar. Ni pensar qué ocurriría en las provincias, si una legislación similar se reprodujera en cascada.
Si el problema es el Grupo Clarín no hay por qué desamparar a los condenados de la tierra.
Jorge Lanata: "No es democratización, sino dominación de la Justicia"
El periodista opinó que el Poder Judicial es "el peor problema de la Argentina", pero aseguró que la reforma que impulsa el Gobierno no es la forma de solucionarlo. "Claro que hay que modificar la Justicia, pero no poniendo jueces de ellos", dijo.ENLACES/FUENTES:
http://albertomoya.blogspot.com.ar/
http://cristinafernandezdekirchner.tumblr.com/
http://nadaparadeclarar.wordpress.com/tag/jorge-lanata/
http://www.lanacion.com.ar/1572765-lanata-mostro-la-ruta-del-dinero-de-lazaro-baez
http://www.lanacion.com.ar/1572332-jorge-lanata-no-es-democratizacion-sino-dominacion-de-la-justicia
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-218017-2013-04-14.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/subnotas/217965-63180-2013-04-13.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-218012-2013-04-14.html
http://www.parlamentario.com/noticia-53199.html
http://www.parlamentario.com/buscar.php?q=LANATA
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